Cuenta un artículo del blog escolar.net que la sociedad, al consumir según qué productos, puede estar financiando actividades no acordes con los derechos humanos. Por ejemplo, consumir gasolina de una determinada empresa puede fomentar el aumento de guerras por petróleo. O comprar productos de marcas que consiguen bajar los precios a base de esclavizar asiáticos (de momento, ya llegarán los africanos), pues puede desencadenar que el tema vaya in crescendo.
En concreto, al hablar de drogas, se dice que los consumidores de éstas, están financiando el narcotráfico, o el narcoterrorismo, o la narcopolítica del presidente Uribe (nunca se sabe donde termina). También se suele decir que la violencia que genera el narcotráfico y sus mafias se lleva muchas más vidas que las sobredosis. Si a eso le sumamos que España es el país donde más se consume cocaína por habitante, pues se puede pensar que es tambén el mayor contribuyente de mafias, narcotraficantes y narcopolíticos (¿como Uribe?).
A la vez, y de forma llamativa, España es el país donde mayores incautaciones se realizan en términos absolutos (las cifras en relativos por habitante serían impactantes). En todo el mundo, España ocupa el tercer lugar por toneladas de cocaína incautadas, por detrás de Estados Unidos y Venezuela. El 71 por ciento del hachís detectado en Europa fue encontrado por las autoridades españolas en 2005, y el 51% del total mundial.
Pero cuidado, con sustancias ilegales se financian actividades ilegales, pero ¿y con sustancias legales? Con el alcohol y el tabaco se financian autovías y hospitales. ¿Por qué no pedimos que las sustancias ilegales también financien actividades legales y a ser posible sanitarias? ¿Por qué no pedimos que se legalicen? ¿Quién sale perdiendo? Sin duda, los traficantes.
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